Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
31 – Política de Género Agro: Gobernanza y transparencia como proyección del sector
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Última actualización:
31/07/2026
Descripción
¿Qué problema pretende abordar el compromiso?
Siendo pilares de la economía y de la soberanía territorial del país, el medio rural y el sector agropecuario cuentan con brechas de género que desafían a diario la posibilidad de elegir este medio por parte de las mujeres, las jóvenes y las niñas rurales. Esas desigualdades se observan en el acceso a recursos productivos, la asistencia técnica, el empleo, la representación política y el logro de la autonomía física, entre otras dimensiones. Así, cuando la sociedad imagina el medio rural y agrario, imagina un mundo de varones, lo que redunda en un diferencial de oportunidades. Formas de injusticia que requieren acciones sostenidas y de largo aliento, a efectos de modificar patrones culturales y desigualdades estructurales que afectan la generación de un agro inclusivo y equitativo. A pesar de ello, las mujeres son agentes claves del sector, organizan acciones territoriales, construyen organizaciones propias e inciden en organizaciones mixtas, producen, impulsan las estrategias de cuidado ambiental, buscan hacer del medio rural una opción de vida posible para sí y para sus familias y comunidades.
Por su parte, la perspectiva de género también permite evidenciar cómo patrones culturales que identifican al agro con cierta forma de vivir los géneros impulsan titularidades únicas de varones, estimulan modelos de riesgo y exposición de la salud entendidos como masculinos, sesgos y eventualmente obturan formas de relevo generacional diversas, sobrecargan las responsabilidades productivas en referentes varones e invisibilizan la centralidad de la reproducción de la vida. En consecuencia, avanzar en materia de equidad de género en el agro y el medio rural no sólo es un imperativo de justicia social, sino que además constituye una oportunidad para todo el sector.
El sector agropecuario cuenta con una década de trabajoen materia de políticas de género en conjunto entre el Estado y la Sociedad Civil. A diez años del primer Encuentro Nacional de Mujeres Ruralesy cinco años de su Plan Nacional de Género, la institucionalidad agropecuaria de Uruguay se ha posicionado como un referente en la región por su estrategia de trabajo articulado. Elproceso de institucionalización de la perspectiva de género del MGAP y los siete institutos públicos agropecuarios, cuenta con una importante trama de articulación intra sectorial y con otros organismos del Estado, y con una metodología de dialogo permanente con la ciudadanía. Se destaca en ese proceso de robustecimiento la presencia e incidencia de las mujeres rurales y las gremiales del agro en el diseño de la política pública y su contralor; la creciente formación del funcionariado; la multiplicación de acciones en territorio en articulación permanente con otras instituciones.
El proceso antecedente ha generado los marcos institucionalesy el vínculo con Sociedad Civilpara desarrollar una acción coordinada, sustentada en la pertinencia social y la viabilidad técnica. No obstante, la actual situación presupuestal evidencia que la política de género continúa siendo aún una política ad hoc. En ese marco, las condiciones para la transversalización de género y en especial la focalización en sectores especialmente vulnerados dentro de la economía agraria, dependen de una decisión nacional de transformar la equidad en el medio rural y agrario en política de Estado, incluyendo dentro de esas estrategias fortalecer la política a través de sostener mecanismos de monitoreo y transparencia sobre la misma.
Frente a ello, la institucionalidad agropecuaria se ha propuesto construir un nuevo plan quinquenal, ahora asociado a una acción de más largo aliento: la política sectorial de género agro a 2040. De esta manera, el compromiso busca aportar al abordaje del complejo mundo de las desigualdades de género del agro, al institucionalizar herramientas de difusión y accesibilidad, monitoreo y transparencia de las políticas públicas, en particular de las vinculadas a la Política de Género del Agro.
¿Qué solución propone?
La política Sectorial de Género Agro apunta a la concreción de una política institucionalizada, capaz de trascender las administraciones de gobierno, que incorpore la equidad de género como mandato y cometido efectivo del sector agropecuario. Se trata de una política de mediano plazo que incluye un diagnóstico actualizado, lineamientos hacia la equidad en el sector a 15 años y medidas concretas y monitoreables para la concreción de esos lineamientos para el periodo de la administración de gobierno 2025 – 2029. Este producto, construido en forma participativa, con alto protagonismo de la Comisión de Seguimiento que monitoreó el plan 2021 – 2024, prioriza avanzar en forma sustantiva en la equidad con acciones que al unísono congreguen: pertinencia social; viabilidad técnica; orientación político – estratégica. La Política Sectorial de Género Agro se estructura apuntando a mejorar las condiciones del equidad de género en el medio rural y el mundo agrarios en torno a cinco componentes: (i) Sistemas productivos, cadenas y redes de valor agropecuarias con equidad de género; (ii) Gestión del conocimiento agrario y la extensión rural con perspectiva de género; (iii) Agencia de las mujeres en las acciones sobre el ambiente y la naturaleza en el mundo agrario; (iv) Participación e incidencia de las mujeres rurales; (v) Institucionalidad agropecuaria con equidad. En el marco de su ejecución, un quinto componente de gestión y monitoreo será especialmente clave, y base de la actual propuesta en el marco de Gobierno Abierto.
En primer lugar, el compromiso se orienta a una versión más profunda de los aciertos del proceso de monitoreo del PNG Agro referido como antecedente. En ese sentido, se propone el mantenimiento en funcionamiento de la Comisión de Seguimiento, fortalecida a través de un rol más protagónico en el diseño la Política Sectorial. En este sentido se espera: (i) una comisión funcionando e involucrada; (ii) hacer visible el trabajo de la Comisión como tal.
En segundo lugar, se entiende que es posible mejorar la forma como se hace visible y monitoreable la transparencia de la política, no sólo a nivel de la comisión sino permitiendo por ejemplo que se haga monitoreo por otros actores de lasociedad civil o inclusive investigaciones académicas. Para ello entonces se propone: (i) transformar la información de base del monitoreo y transparencia de la política en datos abiertos; (ii) mejorar la forma como la información de seguimiento se disponibiliza en un visualizador de gobierno abierto; (iii) que la propia PSG Agro esté disponible en un libro en línea (on line), publicado en sitio web institucional y tenga hipervinculado en cada medida la sección del visualizador que refiere a la medida, de tal manera de que la Política Sectorial de Género del Agro no se desancle de su reporte de seguimiento, bajo el espíritu: “una política para cumplirse”.
Finalmente, en aras de mejorar el acceso a la información general de políticas públicas, se diseñará junto a la Comisión de Seguimiento una subhome dentro en el sitio web del MGAP donde se organizará información de políticas públicas, nucleada en un solo espacio y con vínculo a las fuentes.
Objetivo
La política de género en el agro tiene una década de trabajo acumulado, desarrollando experiencia y metodologías de trabajo junto a la sociedad civil. Lo realizado, su evaluación y ajuste, permite hoy aspirar a una política que trascienda administraciones de gobierno y, como política de Estado, proyecte líneas de acción de mediano plazo para construir un agro con equidad. En el marco de la Política Sectorial de Género Agro a 2040 (PSG Agro), este compromiso profundiza el trabajo precedente.
Para ello se propone crear los mecanismos y herramientas para instrumentar el seguimiento, monitoreo, rendición de cuentas y transparentar la implementación en el quinquenio 2025 -2029 de la Política de Género Agro, a través de: el fortalecimiento del funcionamiento de una comisión de seguimiento de la sociedad civil; la implementación de una plataforma en línea para el seguimiento y la rendición de cuentas de los avances; la publicación de los datos de seguimiento como datos abiertos y la implementación de un visualizador que facilite la comprensión pública de la ejecución de la política.
Metas
- Co diseño de espacio de información y disposición de espacio web. - Inicio 01/09/2025 - Fin 31/03/2026 - Avance 50%
- Implementación de espacio web. - Inicio 01/09/2025 - Fin 31/10/2026 - Avance 20%
- Comisión de Seguimiento activa. - Inicio 01/09/2025 - Fin 31/10/2029 - Avance 50%
- Informes periódicos PSG Agro. - Inicio 01/09/2025 - Fin 31/10/2029 - Avance 12%
- Plataforma de transparencia activa (Mirador). - Inicio 01/09/2025 - Fin 31/10/2029 - Avance 50%
- Visualizador. - Inicio 01/09/2025 - Fin 31/03/2026 - Avance 5%
Situación Actual al
30/06/2026
El compromiso apunta a un proceso de fortalecimiento de la capacidad de incidencia y contralor de la sociedad civil de la Política de Género Agro (PGA), y a su vez, a que la PGA sea una oportunidad para que las mujeres rurales y del agro accedan no sólo a las políticas públicas de la institucionalidad agropecuaria sino del conjunto del Estado. En esa clave, se previó por una parte acciones vinculadas a incidencia y transparencia: (i) comisión de seguimiento activa; (ii) reportes semestrales; (iii) mirador; (iv) visualizador. Por otra parte, se propuso la generación de un dispositivo que permitiera mejor acceso de las mujeres al conjunto de la información del Estado, a través de diseñar una forma de relevamiento de información de políticas junto a la comisión, y un formato de reporte o socialización de lo existente en la página web del MGAP.
Meta 1: La PGA ha avanzado en forma sustantiva, la Comisión de Seguimiento de Sociedad Civil está funcionando cada dos meses, con 11 organizaciones con designación formal y ha incrementado su reconocimiento en el entorno institucional como un espacio desde el que se incide en la política pública, incluso siendo punto de partida para acciones fuera del ámbito del plan como la Ley de Competitividad e Innovación.
Asimismo, se ha realizado el primer informe semestral (marzo 2026) desde que se lanzó la PGA en octubre 2025 y se está preparando la rendición pública del 1° octubre de 2026. Adicionalmente, desde abril 2026 se sumó un reporte mensual en formato comunicación de cercanía. Adicionalmente, se trabajó junto a Agesic para construir el mirador de la PGA que aparece como una innovación ya que desde el lanzamiento en octubre 2025 cuenta con cada medida atada a su plataforma de transparencia, y en marzo 2026 se completó el primer reporte de todas las medidas. Finalmente, el avance más incipiente se dio en el visualizador ya que desde el MGAP se ha postergado la ejecución en función de otras agendas del Año Internacional de la Agricultora.
Mayor reconocimiento de la Comisión de Seguimiento: Comisión de Seguimiento de la Política sectorial de Género: Una experiencia de Gobernanza y Transparencia pública | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Meta 2: Se transita un punto intermedio entre la ejecución y la reformulación. Por una parte, se codiseñó con las organizaciones que información mínima sería deseable conocer de una política y se armó un documento público de difusión de capacitaciones en la web, solicitud de las organizaciones. Por otra, se identificó la oportunidad de avanzar en dos herramientas significativamente más ambiciosas:
- Por una parte, poner en funcionamiento el Registro de Mujeres Rurales y del Agro (REMURA), herramienta priorizada de acceso a la información por parte de la sociedad civil (cocreada con ellas) pero que había quedado sin compromiso de implementación y se ha retomado como acción proyectada a octubre 2026.
- Por otra, en el marco del Año Internacional de la Agricultura, la PGA junto a FAO deciden hacer un Llamado a la Acción avanzar hacia un mapa nacional de las políticas para mujeres rurales y, adicionalmente, a la transversalización de políticas no agropecuarias que llegan al medio rural. Esta acción, iniciada en junio 2026 y proyectada a noviembre 2026 a través de la hoja de ruta Uruguay del año, constituye una estrategia significativamente más ambiciosa que documentar lo existente.
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